El término ejecutante designa al polo activo en las relaciones procesales de ejecución, siendo el titular del derecho subjetivo material consagrado en un título ejecutivo. Insertado primordialmente en el Derecho Procesal Civil y Laboral, el ejecutante es la parte legítima para promover la satisfacción coercitiva de una obligación incumplida, ejerciendo el derecho de acción bajo la égida de la efectividad jurisdiccional.
Concepto y Fundamentación Jurídica
En el ordenamiento jurídico brasileño, el ejecutante es el acreedor —poseedor de un título ejecutivo judicial o extrajudicial— que, ante la resistencia o incumplimiento del deudor (ejecutado), deflagra la fase de cumplimiento de sentencia o el proceso autónomo de ejecución. La naturaleza jurídica del ejecutante es la de parte procesal activa, poseedora de legitimidad extraordinaria u ordinaria para exigir la constricción patrimonial del deudor, buscando la satisfacción del crédito.
La relación jurídica procesal ejecutiva se rige por el principio de la responsabilidad patrimonial, consagrado en el art. 789 del Código de Procedimiento Civil (CPC/15), que establece que el deudor responde con todos sus bienes presentes y futuros para el cumplimiento de sus obligaciones, salvo las restricciones legales. El ejecutante, por lo tanto, es el sujeto que impulsa el aparato estatal para la expropiación de bienes, observando los límites del contradictorio y de la amplia defensa.
Origen Histórico y Evolución
La figura del ejecutante encuentra raíces en el Derecho Romano, específicamente en la actio in personam. Históricamente, la ejecución evolucionó de la manus injectio (ejecución sobre la persona del deudor) a la ejecución patrimonial, consolidada por el Derecho moderno. En Brasil, el Código de Procedimiento Civil de 1939 y el de 1973 ya estructuraban la figura del acreedor en la ejecución, pero el CPC/2015 promovió una ruptura significativa al unificar el procedimiento de cumplimiento de sentencia, reduciendo la autonomía del proceso de ejecución autónomo y acercando al ejecutante a un papel de mayor protagonismo en la localización de bienes, conforme al art. 773 y siguientes del diploma actual.
Previsión Legal y Aplicación Práctica
La legitimación del ejecutante está delimitada por los artículos 778 a 780 del CPC/15. El art. 778 es taxativo al enumerar quién puede promover la ejecución: el acreedor a quien la ley confiere título ejecutivo. La jurisprudencia del Superior Tribunal de Justicia (STJ) refuerza que la legitimidad activa está vinculada a la titularidad del crédito que consta en el título (Súmula 26/STJ, aplicada analógicamente a la legitimidad ejecutiva).
En el ámbito del Derecho del Trabajo, la figura del ejecutante asume contornos de protección social, regida por los artículos 876 a 892 de la Consolidación de las Leyes del Trabajo (CLT), con aplicación subsidiaria del CPC. El Tribunal Superior del Trabajo (TST) ha consolidado el entendimiento de que el ejecutante, en la ejecución laboral, posee el privilegio del crédito alimentario, lo que impone al magistrado el deber de oficio en la búsqueda de activos (art. 765 de la CLT).
Principios Correlatos y Divergencias Doctrinarias
El ejercicio de la posición de ejecutante está balizado por el Principio de Disponibilidad (el ejecutante puede desistir de la ejecución en cualquier momento, art. 775, CPC) y por el Principio de Menor Onerosidad (art. 805, CPC), que actúa como límite al poder del ejecutante de exigir la ejecución. Una divergencia doctrinaria contemporánea reside en la "ejecución forzada como derecho fundamental". Autores como Fredie Didier Jr. sostienen que el ejecutante posee un derecho fundamental a la efectividad de la ejecución, lo que limita la discrecionalidad del juez para denegar medidas constrictivas atípicas (art. 139, IV, CPC), tema que ha sido objeto de intenso debate en el STF (ADI 5941).
Relevancia Contemporánea e Impactos
Actualmente, el papel del ejecutante ha sido transformado por la tecnología. Con el advenimiento del SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD, el ejecutante ya no es un mero espectador, sino un colaborador activo en la búsqueda de bienes. La jurisprudencia reciente de los tribunales superiores (notadamente el STJ en el REsp 1.782.418/RJ) ha discutido la posibilidad de que el ejecutante solicite medidas coercitivas atípicas, siempre que estén fundamentadas y no sean atentatorias contra la dignidad de la persona humana del ejecutado, consolidando una visión de ejecución más dialéctica y menos estática.
Referencias Legales y Jurisprudenciales
- Código de Procedimiento Civil (Ley nº 13.105/2015): Arts. 771 a 796 (Del Proceso de Ejecución); Art. 778 (Legitimidad activa).
- Consolidación de las Leyes del Trabajo (Decreto-Ley nº 5.452/1943): Arts. 876-892 (De la Ejecución Laboral).
- STF, ADI 5941: Ponente Min. Luiz Fux, sobre la constitucionalidad de las medidas ejecutivas atípicas.
- STJ, Súmula 26: "El cesionario de crédito hipotecario puede promover la ejecución hipotecaria".
- TST, Instrucción Normativa nº 39/2016: Dispone sobre la aplicación de normas del CPC al Proceso del Trabajo.
