La abogacía pro bono publico, o simplemente Pro Bono, constituye un instituto de naturaleza ética y voluntaria, inserto en el ámbito del Derecho Deontológico y Procesal Civil, que consiste en la prestación gratuita, eventual y voluntaria de servicios jurídicos en favor de instituciones sociales sin fines de lucro o de personas físicas hiposuficientes, buscando la concreción del acceso a la justicia y la promoción del bien común.
1. Definición, Concepto y Naturaleza Jurídica
El término pro bono publico, proveniente del latín, se traduce literalmente como "por el bien público". En el ordenamiento jurídico brasileño, la abogacía pro bono se define como la prestación gratuita, eventual y voluntaria de servicios jurídicos. Su naturaleza jurídica es la de un munus público de carácter voluntario, constituyéndose en una obligación ética y social del abogado, desprovista de naturaleza contractual onerosa o de vínculo laboral.
Se diferencia de la asistencia jurídica gratuita prestada por el Estado (Defensoría Pública), pues, mientras esta es un deber constitucional del ente público (Art. 5º, LXXIV, CF/88), la abogacía pro bono es una facultad del profesional liberal o de la sociedad de abogados. Es imperativo destacar que el instituto no debe confundirse con la abogacía de oficio (dativa), la cual, aunque actúa ante la falta de la Defensoría, presupone una remuneración estatal mediante honorarios fijados por el juzgado.
2. Origen Histórico y Evolución
Históricamente, la raíz del instituto se remonta al Derecho Romano, donde el patronus ejercía la defensa de sus clientes (frecuentemente plebeyos o extranjeros) como una obligación moral y de prestigio social. En el Derecho Comparado moderno, el modelo estadounidense influyó globalmente en la práctica a través de la American Bar Association (ABA), que estableció directrices para que los abogados dediquen un número mínimo de horas anuales a causas sociales.
En Brasil, la evolución estuvo marcada por intensos debates corporativos. Hasta 2015, existían restricciones severas impuestas por seccionales de la OAB (notablemente la OAB/SP), que temían la utilización del pro bono como mecanismo de captación indebida de clientela o competencia desleal. La pacificación del tema ocurrió con la reforma del Código de Ética y Disciplina y la edición de normativas específicas que regularon la práctica en todo el territorio nacional.
3. Previsión Legal y Normativa
La fundamentación legal primaria de la abogacía pro bono se encuentra en el Código de Ética y Disciplina de la Orden de Abogados de Brasil (CED-OAB) y en disposiciones específicas:
- Artículo 30 del CED-OAB: Establece que el abogado puede prestar servicios jurídicos pro bono en favor de instituciones sociales sin fines de lucro y a sus asistidos, así como a personas físicas que no dispongan de recursos para contratar a un profesional sin perjuicio del propio sustento.
- Disposición (Provimento) nº 166/2015 del Consejo Federal de la OAB: Reglamenta de forma exhaustiva la materia, definiendo los límites y el alcance de la actuación. El Art. 1º de esta disposición prohíbe la utilización del instituto para fines político-partidarios o electorales, así como para fines de publicidad indebida.
- Constitución Federal (Art. 5º, inciso XXXV): El principio de inafectabilidad de la jurisdicción sirve como base principiológica, donde la abogacía privada, al actuar pro bono, auxilia al Estado en la garantía del acceso universal a la justicia.
4. Aplicación Práctica y Entendimiento Jurisprudencial
La aplicación práctica del pro bono exige que el abogado mantenga el mismo rigor técnico y celo profesional dedicado a las causas remuneradas. La jurisprudencia de los Tribunales Superiores y los tribunales de ética de la OAB han consolidado entendimientos cruciales:
El Superior Tribunal de Justicia (STJ), en fallos relativos a la fijación de honorarios, refuerza que la naturaleza gratuita del servicio pro bono impide el cobro posterior de honorarios contractuales al asistido, pero no excluye, por regla general, el derecho a los honorarios de sucumbencia debidos por la parte vencida, salvo disposición en contrario en el término de compromiso (Entendimiento en conformidad con el Art. 22 del Estatuto de la Abogacía).
El Supremo Tribunal Federal (STF), al analizar la ADI 4296, aunque el objeto central era la Ley del Mandato de Seguridad, abordó la esencialidad de la abogacía (Art. 133, CF) y la importancia de mecanismos que amplíen la defensa de los necesitados. La corte reconoce que la abogacía pro bono es un instrumento de eficacia de los derechos fundamentales.
En el ámbito del Tribunal Superior del Trabajo (TST), la práctica es incentivada especialmente en acciones civiles públicas conducidas por sindicatos u ONGs que buscan la tutela de derechos metaindividuales de categorías hiposuficientes.
5. Principios Correlatos y Divergencias Doctrinarias
El instituto se rige por los principios de Solidaridad Social, Dignidad de la Persona Humana y Función Social de la Abogacía. Sin embargo, existen divergencias doctrinarias relevantes:
- Corriente Restrictiva: Argumenta que el pro bono debe ser rigurosamente limitado para evitar el vaciamiento del mercado laboral y la precarización de la profesión. Defiende que la asistencia gratuita es un deber principal del Estado.
- Corriente Ampliativa: Sostiene que la responsabilidad social del abogado es inherente a su función pública. Para esta corriente, el pro bono debe ser incentivado incluso para causas estratégicas de impacto social (litigio estratégico), independientemente de la hiposuficiencia económica estricta del beneficiario, siempre que el interés social sea manifiesto.
6. Relevancia Contemporánea e Impactos en el Ordenamiento
En la contemporaneidad, la abogacía pro bono ha asumido un papel vital en la protección de minorías y grupos vulnerables. Con el advenimiento de la Resolución 433/2021 del CNJ, que dispone sobre la política judicial de atención a personas en situación de calle, la colaboración de abogados voluntarios se ha convertido en un pilar para la regularización documental y el acceso a beneficios previsionales.
Además, el impacto en el ordenamiento jurídico se observa en la reducción de la litigiosidad depredadora y en la promoción de métodos adecuados de solución de conflictos, ya que la abogacía pro bono frecuentemente actúa en la esfera consultiva y preventiva, evitando la presentación de demandas innecesarias y contribuyendo a la celeridad procesal sistémica.
Referencias Legales y Jurisprudenciales
- BRASIL. Constitución de la República Federativa de Brasil de 1988. Artículos 5º y 133.
- BRASIL. Ley nº 8.906, de 4 de julio de 1994 (Estatuto de la Abogacía y la Orden de Abogados de Brasil).
- CONSEJO FEDERAL DE LA OAB. Código de Ética y Disciplina, 2015. Artículo 30.
- CONSEJO FEDERAL DE LA OAB. Disposición nº 166/2015. Dispone sobre la abogacía pro bono.
- STF. ADI 4296. Ponente Min. Marco Aurélio. Juzgado el 09/06/2021.
- STJ. REsp 1.656.322/SC. Ponente Min. Herman Benjamin. (Trata de la naturaleza de los honorarios y asistencia judicial).
