El postulado Pacta sunt servanda constituye el cimiento fundamental del Derecho de Obligaciones y del Derecho Internacional, estableciendo la fuerza obligatoria de los contratos y la imperatividad del cumplimiento de las obligaciones libremente pactadas. En el ordenamiento jurídico brasileño, actúa como garantía de la seguridad jurídica y de la previsibilidad en las relaciones civiles y comerciales, asegurando que el contrato sea ley entre las partes y limitando la intervención judicial a la excepcionalidad legalmente prevista.
1. Definición, Concepto y Naturaleza Jurídica
El principio Pacta sunt servanda (los pactos deben cumplirse) traduce la idea de que el contrato, una vez celebrado con la observancia de todos los presupuestos y requisitos de validez, se vuelve obligatorio para los celebrantes. Bajo la óptica de la dogmática jurídica, este principio es la expresión máxima de la autonomía de la voluntad y de la libertad contractual.
Su naturaleza jurídica es la de un principio general del derecho privado, sirviendo como norma de conducta y parámetro interpretativo. Este confiere al vínculo obligacional la característica de lex inter partes (ley entre las partes), otorgando al acreedor el derecho de exigir el cumplimiento de la prestación y al deudor el deber jurídico de cumplirla, bajo pena de sanciones patrimoniales. La obligatoriedad es el elemento que distingue al contrato de una mera promesa moral o social, insertándolo en la esfera de la coercibilidad estatal.
2. Origen Histórico y Evolución
Históricamente, la fuerza obligatoria de los ajustes se remonta al Derecho Romano, aunque inicialmente el formalismo (como en la stipulatio) prevalecía sobre el mero consenso. La expresión se consolidó en la Edad Media, bajo fuerte influencia del Derecho Canónico, que asociaba el incumplimiento de una promesa al pecado de la mentira, confiriendo un carácter ético-religioso al mantenimiento de la palabra empeñada.
Con el ascenso del Liberalismo en el siglo XIX y la codificación napoleónica (Código Civil Francés de 1804), el Pacta sunt servanda alcanzó su apogeo absoluto. El contrato era visto como un instrumento de libertad individual plena, donde el Estado no debía intervenir. En Brasil, el Código Civil de 1916 reflejó esta visión individualista. Sin embargo, la evolución hacia el Estado Social y la promulgación de la Constitución Federal de 1988 trajeron la relativización del principio por la función social del contrato y por la buena fe objetiva, sin anular, no obstante, su esencia como pilar de la estabilidad económica.
3. Previsión Legal y Fundamentación Positiva
Aunque el Código Civil de 2002 no utiliza la expresión latina, el principio está materializado en diversos dispositivos que estructuran la fuerza vinculante de las obligaciones:
- Constitución Federal: El Art. 5º, inciso XXXVI, protege el acto jurídico perfecto, base constitucional para la inmutabilidad de los contratos frente a leyes posteriores.
- Código Civil (CC/02):
- Art. 389: Establece la responsabilidad del deudor por el incumplimiento de la obligación.
- Art. 421: Define que la libertad contractual será ejercida dentro de los límites de la función social.
- Art. 421-A (Incluido por la Ley 13.874/2019): Refuerza la presunción de simetría y la intervención mínima del Estado, consolidando el Pacta sunt servanda en contratos civiles y empresariales.
- Art. 422: Obliga a las partes a observar la probidad y la buena fe, tanto en la conclusión como en la ejecución del contrato.
- Ley de Libertad Económica (Ley nº 13.874/2019): Alteró el paradigma contractual brasileño para reafirmar la fuerza obligatoria y la excepcionalidad de la revisión judicial, especialmente en contratos paritarios.
4. Aplicación Práctica y Entendimiento Jurisprudencial
La jurisprudencia contemporánea de los Tribunales Superiores (STJ y STF) ha reafirmado el Pacta sunt servanda como regla, especialmente tras el advenimiento de la Ley de Libertad Económica. El entendimiento consolidado es que la intervención judicial para revisión o resolución contractual debe ser una medida excepcional y subsidiaria.
En el Superior Tribunal de Justicia (STJ), se destaca la tesis de que, en contratos empresariales, la autonomía de las partes debe ser respetada con mayor rigor, dada la presunción de paridad (REsp 1.846.649/MA). La Corte entiende que la simple onerosidad o el fracaso del negocio no autorizan el incumplimiento de lo pactado, exigiendo la prueba de acontecimientos extraordinarios e imprevisibles (Art. 478 del CC).
En el ámbito del Tribunal Superior del Trabajo (TST), el principio se aplica con matices, dada la hiposuficiencia del trabajador, pero gana fuerza en negociaciones colectivas (Art. 7º, XXVI, CF), donde lo "acordado sobre lo legislado" refleja la soberanía de las voluntades colectivas, conforme a lo decidido por el STF en el Tema 1046 de Repercusión General.
5. Principios Correlatos y Divergencias Doctrinarias
El Pacta sunt servanda no opera en un vacío jurídico, coexistiendo en una relación dialéctica con otros institutos:
- Rebus sic stantibus (Teoría de la Imprevisión): Es el principal contrapunto. Sostiene que el contrato debe cumplirse mientras las circunstancias fácticas de su celebración permanezcan iguales. Si hay una alteración extraordinaria que genere onerosidad excesiva para una parte y ventaja extrema para otra, se admite la revisión.
- Buena Fe Objetiva: Actúa como un limitador ético. El contrato debe cumplirse, pero su ejecución debe respetar deberes anexos de lealtad y cooperación.
- Divergencia Doctrinaria: Existe un debate entre la "corriente clásica" (civilistas tradicionales), que defiende la primacía casi absoluta de la voluntad, y la "corriente constitucionalista" (Derecho Civil Constitucional), que subordina la fuerza obligatoria a la dignidad de la persona humana y a la justicia contractual. Actualmente, la Ley 13.874/2019 inclinó la balanza hacia la corriente clásica en relaciones empresariales, manteniendo la protección protectora en relaciones de consumo.
6. Relevancia Contemporánea e Impactos Prácticos
La relevancia actual del Pacta sunt servanda se manifiesta en la búsqueda por la reducción del "Costo Brasil". La seguridad de que el Estado no alterará las cláusulas contractuales sin fundamentación robusta atrae inversiones y estabiliza el mercado de crédito. En el escenario pospandemia, el principio fue duramente probado; sin embargo, el Poder Judicial brasileño, en su mayoría, mantuvo la fuerza de los contratos, evitando un efecto cascada de incumplimiento generalizado bajo el pretexto de fuerza mayor, exigiendo la demostración cabal del nexo causal entre el evento y la imposibilidad de cumplimiento.
En suma, el instituto permanece como la espina dorsal de la circulación de riquezas, garantizando que la palabra empeñada y el documento firmado posean eficacia jurídica plena, salvaguardando el orden económico y la paz social.
Referencias Legales y Jurisprudenciales
- BRASIL. Ley nº 10.406, de 10 de enero de 2002. Código Civil.
- BRASIL. Ley nº 13.874, de 20 de septiembre de 2019. Instituye la Declaración de Derechos de Libertad Económica.
- BRASIL. Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988.
- STJ. REsp 1.846.649/MA. Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, Tercera Turma, juzgado en 2021 (Refuerzo a la intervención mínima).
- STF. Tema 1046 de Repercusión General. Validez de normas colectivas que limitan derechos laborales no asegurados constitucionalmente.
- ENUNCIADO 621 de la VIII Jornada de Derecho Civil (CJF): "Los contratos empresariales deben ser interpretados a partir de la libertad contractual y de la autonomía de la voluntad".
