La legitimidad, instituto fundamental del Derecho Procesal y Constitucional, constituye la pertinencia subjetiva de la acción, estableciendo el vínculo necesario entre los sujetos de la relación jurídica y el objeto del litigio, siendo una condición indispensable para el ejercicio regular del derecho de acción y la entrega de la prestación jurisdiccional.
Concepto y Fundamentación
La legitimidad, como condición de la acción, traduce la autorización conferida por el ordenamiento jurídico para que determinado sujeto figure en el polo activo o pasivo de una relación procesal. En la doctrina clásica, la legitimidad se define como la "pertinencia subjetiva de la acción". No basta la titularidad del derecho material; es imperioso que el autor y el demandado ocupen las posiciones procesales adecuadas, conforme a la teoría de la aserción, por la cual las condiciones de la acción deben ser evaluadas a la luz de las alegaciones hechas por el autor en su petición inicial.
Bajo la óptica procesal civil, la naturaleza jurídica de la legitimidad es de materia de orden público, cognoscible de oficio por el magistrado en cualquier tiempo y grado de jurisdicción, en los términos del art. 485, § 3º, del Código de Procedimiento Civil (CPC/2015). La ausencia de legitimidad —ilegitimidad ad causam— conlleva la extinción del proceso sin resolución de fondo.
Origen y Evolución Histórica
La evolución del concepto de legitimidad camina lado a lado con la superación de las teorías inmanentistas del Derecho Romano, que confundían el derecho de acción con el propio derecho material. La autonomización de la acción, iniciada por la célebre polémica entre Windscheid y Muther (1856), permitió que la legitimidad fuera tratada como un requisito autónomo. En el Derecho brasileño, la transición del sistema del Código de 1939 para el de 1973 y, posteriormente, para el actual CPC de 2015, consolidó la legitimidad como elemento integrante del binomio interés-legitimidad, abandonando la antigua clasificación de la "posibilidad jurídica del pedido" como condición de la acción autónoma, absorbiéndola en el fondo de la causa.
Previsión Legal y Estructura Normativa
El ordenamiento jurídico brasileño establece la legitimidad como presupuesto de validez procesal:
- Código de Procedimiento Civil (Art. 17): "Para postular en juicio es necesario tener interés y legitimidad."
- Código de Procedimiento Civil (Art. 18): Consagra el principio de la sustitución procesal, prohibiendo que alguien reclame un derecho ajeno en nombre propio, salvo cuando esté autorizado por el ordenamiento jurídico.
- Constitución Federal (Art. 5º, XXXV): Fundamento del acceso a la justicia, que presupone la legitimidad como filtro de racionalidad del sistema.
Aplicación Práctica y Jurisprudencia Actual
El entendimiento consolidado del Superior Tribunal de Justicia (STJ) adopta la teoría de la aserción. Conforme al REsp 1.879.467/SP, la legitimidad de las partes se verifica conforme a la narrativa fáctica presentada en la demanda, sin la necesidad de una dilatación probatoria profunda, bajo pena de adentrarse prematuramente en el fondo del asunto. En el ámbito del Supremo Tribunal Federal (STF), la legitimidad gana contornos específicos en el control concentrado de constitucionalidad (art. 103 de la CF/88), restringiendo el rol de legitimados para la proposición de ADI, ADC, ADO y ADPF, confiriendo naturaleza de "legitimidad extraordinaria" a los entes allí enumerados.
Principios Correlatos y Divergencias
La legitimidad se relaciona intrínsecamente con el principio de la inafectabilidad de la jurisdicción y el principio del contradictorio. Divergencias doctrinarias persisten en cuanto a la naturaleza de la legitimidad en el litisconsorcio necesario, donde la integración de todos los sujetos en el polo pasivo es un imperativo de eficacia de la sentencia. La corriente mayoritaria defiende que, en casos de legitimidad extraordinaria, el legitimado actúa como sustituto procesal, actuando en nombre propio para defender un interés ajeno, distinción fundamental para la aplicación de la cosa juzgada.
Relevancia Contemporánea
En la contemporaneidad, el debate sobre la legitimidad se expandió al Derecho Colectivo. El STF, en recientes fallos (como en el Tema 1170 de la Repercusión General), discute los límites de la legitimidad de las asociaciones para la proposición de acciones civiles públicas, reforzando la necesidad de autorización expresa o previsión estatutaria específica. El impacto práctico es directo: la correcta evaluación de la legitimidad evita el desperdicio de la máquina judicial y garantiza la seguridad jurídica en las relaciones procesales, impidiendo que partes extrañas al conflicto de intereses sean sometidas a los efectos de una providencia jurisdiccional.
Referencias Legales y Jurisprudenciales
- BRASIL. Ley nº 13.105, de 16 de marzo de 2015. Código de Procedimiento Civil.
- BRASIL. Constitución de la República Federativa del Brasil de 1988.
- STJ. REsp 1.879.467/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Tercera Turma, juzgado el 06/10/2020.
- STF. ADI 7005, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, decisión reciente sobre legitimidad de asociaciones.
- MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de Proceso Civil. Vol. 1. São Paulo: RT.
