El modus operandi constituye la técnica o el método sistemático empleado en la ejecución de una conducta, siendo un elemento central en la dogmática del Derecho Penal y Procesal Penal para la caracterización de la habitualidad delictiva, la gravedad concreta y la necesidad de segregación cautelar, trascendiendo el mero análisis del tipo penal para la comprensión de la estructura organizacional de la criminalidad.
Concepto y Fundamentación
El modus operandi, expresión de origen latino que denota el "modo de operar", no se confunde con el elemento subjetivo del tipo, sino con la manifestación externa y repetitiva del comportamiento humano. En el ámbito jurídico, la doctrina lo comprende como el conjunto de procedimientos, artificios y estrategias adoptados por el agente para la consecución de un resultado ilícito. Su naturaleza jurídica es de elemento fáctico-probatorio, sirviendo como vector hermenéutico para la evaluación de la peligrosidad del agente y de la complejidad de la infracción.
Históricamente, el concepto se consolidó en la criminología clásica y en la psicología forense como herramienta para la vinculación de crímenes a un mismo autor, evolucionando en el Derecho Positivo brasileño como criterio de dosimetría de la pena y fundamento para la decretación de la prisión preventiva, conforme al art. 312 del Código de Procedimiento Penal. La doctrina contemporánea, encabezada por juristas como Aury Lopes Jr. y Guilherme de Souza Nucci, señala que el modus operandi es el espejo de la personalidad del agente y de la organización de los grupos criminales, siendo esencial para la individualización de la sanción penal.
Aplicación Práctica y Jurisprudencia
En el ordenamiento jurídico brasileño, la aplicación del modus operandi ocurre principalmente en el escrutinio de la garantía del orden público. El Supremo Tribunal Federal (STF) y el Superior Tribunal de Justicia (STJ) poseen un entendimiento consolidado de que la gravedad concreta del delito, revelada por el modo de ejecución —caracterizado por la audacia, profesionalismo o crueldad—, constituye una fundamentación idónea para el mantenimiento de la custodia cautelar.
La jurisprudencia actual, especialmente en sede de Habeas Corpus, refuerza que la reiteración delictiva demostrada por el modus operandi idéntico es fundamento legítimo para la segregación, evitando la impunidad y garantizando la eficacia de la persecución penal. No se trata de una presunción de culpa, sino de un análisis de la peligrosidad social del agente extraída de la propia dinámica del hecho delictivo. En casos de organizaciones criminales, la identificación del modus operandi permite la tipificación del art. 2º de la Ley nº 12.850/2013, al demostrar la división de tareas y la estructura jerárquica del grupo.
Principios Correlatos y Divergencias Doctrinarias
El instituto se encuentra intrínsecamente ligado a los principios de proporcionalidad, de individualización de la pena (art. 5º, XLVI, de la CF/88) y de prohibición del exceso. Divergencias doctrinarias emergen en cuanto al uso del modus operandi para fundamentar prisiones preventivas: parte de la doctrina critica el riesgo de que el magistrado utilice el modo de ejecución como "bis in idem" en la dosimetría de la pena, en caso de que el mismo hecho sea utilizado tanto para elevar la pena base (circunstancias judiciales del art. 59 del Código Penal) como para justificar la prisión preventiva.
La corriente garantista, sin embargo, advierte que el modus operandi no puede ser interpretado de forma abstracta o genérica, bajo pena de violación al principio de presunción de inocencia. Se exige que el juzgado demuestre, de forma objetiva, cómo el método adoptado por el agente pone en riesgo el orden público, evitando fundamentaciones basadas solo en la gravedad abstracta del crimen.
Relevancia Contemporánea
Actualmente, el modus operandi ha ganado contornos tecnológicos. Con el avance del ciberdelito y de los fraudes financieros complejos, el análisis forense del método se ha convertido en el principal medio de prueba en la persecución de delitos transnacionales. La capacidad de identificar patrones en flujos financieros y cadenas de bloqueo de activos permite al Estado brasileño aplicar medidas aseguratorias con mayor eficacia, alineándose a las exigencias de cooperación jurídica internacional y al combate al lavado de dinero (Ley nº 9.613/1998).
Referencias Legales y Jurisprudenciales
- Constitución Federal de 1988: Art. 5º, incisos XLVI (Individualización de la pena) y LVII (Presunción de inocencia).
- Código de Procedimiento Penal (Decreto-Ley nº 3.689/1941): Art. 312 (Fundamentos de la prisión preventiva).
- Código Penal (Decreto-Ley nº 2.848/1940): Art. 59 (Circunstancias judiciales).
- Ley nº 12.850/2013: Definición de organización criminal y análisis de estructura operacional.
- Jurisprudencia STJ: Precedentes constantes en el Informativo nº 798 (2024), que reiteran la necesidad de fundamentación concreta basada en la forma de ejecución del delito para el mantenimiento de prisiones preventivas.
- Jurisprudencia STF: HC 181.768/MG (Rel. Min. Gilmar Mendes), discutiendo los límites de la fundamentación de la prisión cautelar frente al modus operandi.
